3 de Julio de 2012

El órgano especial del Tribunal de Sao Paulo, que consta de 25 jueces, revocó el miércoles pasado, 27 de junio, el mandamiento judicial del juez Iván Sartori, presidente del tribunal, quien hubo revocado todas las licencias de venta ambulante de la ciudad de Sao Paulo. Paulo, bajo el argumento de que los vendedores ambulantes representan una amenaza para el orden público.

El evento fue la culminación de una historia que comienza hace mucho tiempo atrás. El actual alcalde de Sao Paulo, desde el comienzo de su mandato, ha derogado todas las licencias otorgadas por el municipio, un total de 2200 (en la administración previa el número era 15000 a 2200). A principios de mayo, con la cercanía de las elecciones decidió revocar todas las licencias restantes. El Centro de Derechos Humanos Gaspar García, con la defensora pública de oficio, Miragaia Bruno, presentó una acción civil pública contra la decisión. La acción civil fue aceptada por el tribunal, y luego el presidente del tribunal interfirió, emitiendo una orden judicial que prohibía a los vendedores regresar a trabajar.

El Centro Gaspar García y el defensor público de oficio decidieron recurrir la decisión del tribunal el miércoles pasado, la apelación fue juzgada y la decisión fue favorable. De acuerdo a Bruno Miragaia, el defensor público de oficio, la acción tomada por los jueces restaura el estado de derecho en la ciudad.

El juicio ha movilizado a cientos de vendedores, muchos de ellos minusválidos – procedentes de todas las regiones de Sao Paulo – se mantuvieron en vigilia frente al Tribunal, en el centro de la ciudad. Las personas presentes, describieron haber tenido sentido abrumadas cuando la decisión fue anunciada. Más de mil vendedores celebraron entonando el himno nacional, llorando, intercambiando opiniones sobre el poder del pueblo y abrazándose mutuamente.

La abogada del Centro Gaspar García, Juliana Avanci, manifestó que la decisión demuestra que el poder judicial comprende la necesidad de intervenir en las políticas del poder ejecutivo, que amenazan los derechos de los trabajadores y los habitantes de la ciudad.