En lo que va el 2026, América Latina se encuentra en una encrucijada institucional sin precedentes. Lo que comenzó como una promesa de "libertad económica" o "alto a la corrupción" en varios países, ha derivado en un patrón regional de concentración de poder que tiene un blanco común y deliberado, el espacio público. Para los millones de trabajadores de la economía informal que StreetNet International representa a nivel global, estos gobiernos "fuertes" no han traído orden ni progreso, sino una mayor vulnerabilidad laboral, persecución y exclusión política. El verdadero eje de tensión hoy divide a las democracias institucionales de los regímenes autocráticos que vulneran el Estado de derecho, demostrando que cuando la democracia se debilita, el primero en sentir el golpe es el eslabón más desprotegido de la cadena: el trabajador que no tiene una oficina para resguardarse, sino solo su mercancía, su familia, su organización y su voz.

Desde la perspectiva de StreetNet, el espacio público no es un simple suelo comercial; es un territorio de derechos legítimos, supervivencia y dignidad. Sin embargo, el mapa de este deterioro democrático actual es diverso, complejo y hostil para nuestra clase trabajadora.

En Argentina, El modelo libertario de Javier Milei llega este mes golpeado por escándalos y una economía que no ha despegado, con una desaprobación que ya supera 64%. La “crisis” económica ha vaciado los bolsillos de los clientes habituales de nuestros vendedores, mientras que los decretos presidenciales intentan desmantelar décadas de derechos laborales conquistados mediante una dura lucha en las calles, bloqueando los canales democráticos de protesta y criminalizando la subsistencia organizada.

En Honduras, el reciente giro de izquierda a derecha con la presidencia de Nasry Asfura ha marcado el retorno de las políticas de "reordenamiento urbano" que, a menudo, son sinónimo de desalojos forzosos, violencia institucional y una total ausencia de alternativas sociolaborales para quienes viven del día a día.

Mientras tanto, en la vecina Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega celebra dos décadas de control total y totalitario. Allí, la persecución contra los liderazgos sociales es absoluta: el simple acto de unirse, coordinar con redes internacionales o organizarse para pedir mejores condiciones en un mercado es catalogado como un acto de traición a la patria, extinguiendo de facto cualquier rastro de libertad sindical y violando los convenios internacionales de la OIT.

El caso de El Salvador sigue siendo el espejo peligroso donde muchos otros líderes de la región quieren mirarse. Con 50 meses de un régimen de excepción normalizado, Nayib Bukele ha logrado una seguridad aplaudida por las mayorías, pero a un costo humano que nuestras organizaciones afiliadas conocen y sufren directamente: la supresión de garantías constitucionales, la pérdida total del debido proceso y el miedo latente a que cualquier oficial de policía decida, arbitrariamente, quién tiene derecho a ocupar la acera para ganarse el pan y quién termina tras las rejas por el simple hecho de trabajar en la calle.

Por otro lado, la región centroamericana también es testigo de mutaciones autoritarias donde no se necesita un golpe militar clásico para ejercer un control dictatorial; basta con secuestrar los órganos de justicia para maniatar la voluntad popular y desarticular el tejido social. Es el caso de Guatemala, que ejemplifica a la perfección el fenómeno de la "captura institucional" o dictadura judicial. En la medio de 2026, a pesar de contar con un gobierno central de orientación democrática, la Fiscalía y los tribunales contenciosos mantienen una persecución sistemática y una criminalización selectiva que asfixia a los movimientos sociales y a los defensores de los derechos humanos, limitando drásticamente su capacidad de movilización y de formular propuestas en el espacio público.

Finalmente, en Venezuela, el ejemplo más antiguo de asfixia institucional en el sur, la transición liderada por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras los turbulentos acontecimientos de Enero de 2026 mantiene la economía informal en un limbo absoluto. Atrapados entre la esperanza de una verdadera apertura económica y el férreo control de las estructuras estatales que aún persisten, los trabajadores de la economía informal de Venezuela siguen siendo los héroes anónimos de una economía que apenas puede respirar, resistiendo sin el reconocimiento legal ni las redes de protección social que durante tanto tiempo hemos exigido a nuestra alianza global.

Este preocupante mosaico evidencia que la lista de naciones en riesgo está lejos de terminar, extendiéndose incluso hacia las potencias del norte, donde la polarización extrema y los discursos de nacionalismo radical coquetean constantemente con el debilitamiento de los contrapesos democráticos tradicionales.

Frente a este escenario, la consigna de StreetNet International resuena con más urgencia que nunca: "Nada para nosotros sin nosotros". Ante la ola autocrática que pretende vaciar las calles de trabajadores y llenarlas de represión, la organización, la solidaridad internacional y la defensa de la economía social y solidaria no son solo herramientas laborales; son el último bastión de la dignidad y la democracia en una región bajo asedio.

Este artículo fue escrito por Daniel Peralta, comunicador regional para las Américas.