20 July 2016
Por Pedro Luis Ramírez B.
Pedro Luis Ramírez B. es miembro del Equipo de Auditoría de StreetNet International (SI), que forma parte del Comité Ejecutivo de StreetNet. También es Presidente Nacional de la Unión General de Trabajadores de la Economía Informal UGTI-CUT (Colombia). A continuación nos cuenta sobre la situación de los vendedores ambulantes en su país.
El mundo observa con complacencia cómo el gobierno colombiano se prepara para firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Se espera que esto ponga fin a la violencia política que ha caracterizado la historia de nuestro país durante los últimos 60 años. La mayoría de los colombianos querrían expresar su apoyo a este acontecimiento.
Sin embargo, es el mismo gobierno el que ahora ha decidido declarar la guerra a los pobres vendedores ambulantes, aprobando un Código de Policía que prohíbe sus actividades comerciales, lo que ha hecho retroceder los logros alcanzados por los comerciantes en su lucha por el derecho al trabajo, logros que fueron reconocidos formalmente por la Corte Constitucional, la máxima autoridad judicial del país. Los alcaldes locales están burlando ahora estos logros constitucionales y han procedido, como ha sucedido en la capital, Bogotá, a la persecución y el trato cruel de los vendedores ambulantes, incluida la confiscación de sus productos.
Por supuesto, el Código de Policía es uno de los componentes de un Estado policial organizado que pretende disuadir y prevenir el surgimiento de la movilización social y la protesta en una sociedad caracterizada por las desigualdades, las injusticias y las inequidades. En este marco, se criminaliza la pobreza, se estigmatiza a los pobres como una clase peligrosa, los vendedores ambulantes se convierten en "chivos expiatorios" de las acciones de la autoridad estatal, que utiliza los medios de comunicación para explicar sus acciones como parte de la lucha contra la inseguridad urbana, pero su verdadero propósito es intimidar a una población que está despertando a la conciencia de la necesidad de defender su dignidad y sus derechos ciudadanos.
En Bogotá, en la última década se han logrado avances en este sentido gracias a la movilización organizada de los vendedores ambulantes y a la consulta con los gobiernos de izquierda democrática, que ganaron tres elecciones locales sucesivas. Se establecieron normas para permitir el uso económico de los espacios públicos y la protección de los vendedores ambulantes frente a los abusos de la policía y de los alcaldes, mediante el debido proceso y las leyes.
En consecuencia, las autoridades de la ciudad se ven obligadas a cambiar su conducta de persecución permanente a los vendedores ambulantes, que las ha marcado a lo largo de su historia en el siglo XX. Esta obligación es más clara luego de que la Corte Constitucional encontró que en un Estado social constitucional, se entiende que un vendedor ambulante se dedica a la venta ambulante como medio de vida, por la incapacidad del Estado de garantizar un empleo digno; que los desalojos y embargos le impiden realizar esta actividad, llevando al trabajador al desempleo total; y que este enfoque no sólo no corresponde al ejercicio de la autoridad dentro de la Constitución que nos rige, sino que agrava el problema del desempleo que nos aqueja como sociedad. Así, la actividad de un trabajador informal debe ser entendida como una solución que contribuya a cubrir responsabilidades que el Estado no cumple, que están relacionadas con las políticas de empleo y el derecho al trabajo.
Sin embargo, la llegada del nuevo alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha cambiado las cosas. Peñalosa es descrito como el enemigo de los vendedores ambulantes por todas sus acciones para erradicar la venta ambulante, destruir sus organizaciones y violar sus derechos como ciudadanos, en su primer mandato en el período 1997-2000. Ha habido acciones del gobierno en la misma dirección con desalojos, abusos y confiscaciones. Estos son ilegales pero se disimulan como necesarios para la seguridad. Los vendedores ambulantes son presentados por los medios de comunicación, como personas que son manipuladas por "mafias" de sus organizaciones y líderes que los explotan y mercantilizan el espacio público.
Recientemente un juez ordenó a Peñalosa reunirse con las organizaciones de vendedores ambulantes; él dijo públicamente que no lo haría.
La UGTI, que se ha convertido en el corazón de los Comités Locales y Distritales de la capital, ha jugado un papel destacado en el país en la modificación de normas y prácticas de gobernanza que criminalizan las actividades y permiten los desalojos de vendedores ambulantes.
También organizamos una movilización masiva de vendedores ambulantes el 29 de febrero. Estamos trabajando muy duro para realizar un cabildo, una forma de participación ciudadana que permita a los vendedores ambulantes confrontar públicamente al actual alcalde por sus discursos calumniosos que los estigmatizan, así como por las medidas inconstitucionales e ilegales que violan sus derechos como ciudadanos y trabajadores, y forzar una consulta y un diálogo social.
