Por Franny Rabkin
El Tribunal Constitucional dictaminó el jueves que los comerciantes informales legales de Johannesburgo pueden regresar a sus puestos en las calles del centro de la ciudad y seguir comerciando, después de una mañana de discusiones.
Los miembros del Foro Sudafricano de Comerciantes Informales (SAITF) y de la Asociación Nacional Sudafricana de Comerciantes Minoristas, algunos de los cuales han comerciado legalmente en las calles de Johannesburgo durante más de 20 años, fueron expulsados como parte de la "Operación Barrido Limpio" de la ciudad, una iniciativa para librar a la ciudad de los vendedores ambulantes ilegales.
Después de que el Tribunal Superior los rechazó y eliminó su caso del registro diciendo que no era urgente, acudieron urgentemente al Tribunal Constitucional.
"La decisión fue que todos los comerciantes que fueron expulsados por la ciudad de Johannesburgo ahora pueden reanudar sus actividades", dijo el jueves por la tarde el vicepresidente de SAITF, Phumulani Ndlovu.
Se ordenó a la ciudad pagar los costos de la demanda. El Sr. Ndlovu también dijo que el tribunal había ordenado a la ciudad que no interfiriera con los comerciantes informales que operaban en las calles.
Anteriormente, el abogado del foro Paul Kennedy SC había dicho al tribunal que la ciudad, al tratar de limpiar la ciudad de comerciantes ilegales, había eliminado a todos los comerciantes, incluidos los legales, sin ninguna ley que lo autorizara a hacerlo.
Debido a lo que hizo la ciudad, los comerciantes estaban ahora "realmente en un estado de crisis absoluta", dijo.
"Se trata de personas que, a pesar de los problemas de la mala educación durante el apartheid, a pesar de los problemas del desempleo, crearon, con sus propios recursos, negocios viables", dijo.
Argumentó que si bien era altamente inusual que el tribunal más alto interviniera en el caso en este momento, había circunstancias excepcionales, porque, siendo realistas, el tribunal superior solo podría escuchar su apelación en febrero, lo cual era demasiado tarde.
El abogado de la asociación, Chris Georgiades, coincidió y dijo que la ciudad tenía la obligación de proteger a sus ciudadanos. En cambio, afirmó, había hecho lo contrario: había abusado de los comerciantes y los había tratado como criminales.
El abogado de la ciudad de Gcina Malindi SC enfrentó una serie de preguntas por parte del tribunal constitucional y finalmente dijo que estaba "obligado a admitir" que la ciudad no había seguido los procedimientos correctos cuando se trataba de los comerciantes legales.
Sin embargo, después de volver a ver a su cliente para ver si la ciudad estaba dispuesta a llegar a un acuerdo, el Sr. Malindi le dijo al tribunal que la ciudad no llegaría a un acuerdo, pero que estaba dispuesta a permitir que aquellos comerciantes que habían sido verificados como legales, después del inicio de la Operación Clean Sweep, regresaran a sus posiciones comerciales.
Pero el abogado junior de Kennedy, Steven Budlender, dijo que esto no era suficiente. Dijo que la propia ciudad había admitido que todos habían sido comerciantes legales y que, para evitar más litigios, el tribunal debería ordenar que se permitiera el regreso de todos los miembros del foro y de la asociación.
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Fuente: Business Day – www.bdlive.co.za
