Durante el ataque se destruyeron una pequeña cafetería y varios pabellones comerciales. en la estación de metro "Lesnaya." Los empresarios que trabajan han mostrado sus permisos, pero algunos de ellos han informado de que, desde hace poco, las autoridades municipales se han negado a renovar los permisos para el uso del terreno. Detrás de estas acciones de las autoridades, los empresarios ven las órdenes de los influyentes propietarios de grandes empresas comerciales. Algunos de ellos son personas con un pasado "dudoso" que han conseguido convertirse en miembros del Ayuntamiento de Kiev y que influyen en la decisión de instalar puntos de venta en la ciudad.

Sin embargo, algunos de los comerciantes afectados presentaron documentos que les permitían ejercer su actividad en el lugar indicado, ya que hasta mediados de 2014 habían pagado al presupuesto municipal. Además del propio empresario, en la empresa trabajaban siete empleados, a quienes se les transferían regularmente todos los impuestos y tasas correspondientes al presupuesto de los fondos sociales. Otro empresario, Sergei, propietario de un pequeño restaurante, contó a los periodistas delante de las cámaras sobre las exacciones ilegales que le exigían las autoridades. El empresario tenía que pagarles 65,000 dólares si quería seguir con su pequeño negocio, de lo contrario el restaurante sería desmantelado.

Pero lo que ocurre con el Ayuntamiento de Kiev es algo más que una situación no revelada. A principios de junio, el mandato del Ayuntamiento expiró, pero los miembros del Ayuntamiento "expirado", a pesar de los escándalos y las protestas, siguen repartiendo la propiedad en nombre de la ciudad de Kiev y, en particular, influyendo en el destino de las pequeñas empresas y de los trabajadores que trabajan en ellas.

El Sindicato Libre de Empresarios de Ucrania (FTUEU) llamó la atención sobre el hecho de que tales eventos no serían posibles si los empresarios, teniendo la debida previsión y solidaridad, se unieran, organizaran y actuaran como un solo organismo para prevenir acciones ilegales por parte de funcionarios corruptos.