3 July 2012

El pasado miércoles, 27 de junio, el cuerpo especial del Tribunal de Justicia de São Paulo, integrado por 25 jueces, revocó la medida cautelar del presidente del tribunal, juez Ivan Sartori, que había revocado todas las licencias de venta ambulante de la ciudad de São Paulo, argumentando que los vendedores ambulantes representan una amenaza al orden público.

El evento fue el final de una historia que comenzó hace mucho tiempo. El actual alcalde de São Paulo, desde el inicio de su mandato, revocó todas las 2200 licencias que existían en el municipio (en la administración anterior, el número pasó de 15000 a 2200). Con las elecciones acercándose, decidió a principios de mayo revocar todas las licencias restantes. El Centro de Derechos Humanos Gaspar García, con el defensor público Bruno Miragaia, presentó una acción civil pública contra la decisión. La acción civil fue aceptada por la justicia y luego el presidente de la corte interpuso una medida cautelar que prohibía a los vendedores ambulantes volver a trabajar.

El miércoles pasado Gaspar García y el Defensor del Pueblo apelaron la decisión, la apelación fue juzgada y la decisión fue favorable. Según el Defensor del Pueblo Bruno Miragaia, la acción de los jueces restablece el estado de derecho en la ciudad.

El proceso movilizó a cientos de vendedores ambulantes –muchos de ellos discapacitados– de todas las regiones de São Paulo, que hicieron vigilia frente al Tribunal, en el centro de la ciudad. Según los presentes, se sintieron abrumados cuando se anunció la decisión. Más de mil vendedores ambulantes celebraron cantando el himno nacional, llorando, pronunciando palabras sobre el poder del pueblo y abrazándose.

La abogada del Centro Gapar García, Juliana Avanci, dijo que la decisión demuestra que el poder judicial entendió que es necesario intervenir en políticas del poder ejecutivo que atentan contra los derechos de los trabajadores y habitantes de la ciudad.